El Gobierno activa gestiones para vender Aerolíneas Argentinas: Avianca asoma como interesada y el Congreso aparece como el principal escollo

De manera discreta, el Gobierno nacional dio los primeros pasos para avanzar en una de sus promesas de campaña más sensibles: la privatización de Aerolíneas Argentinas. Las gestiones iniciales se desarrollan con bajo perfil y sin definiciones públicas, mientras el Ministerio de Economía analiza distintos esquemas posibles para concretar la operación.

La alternativa que se evalúa en esta etapa preliminar es la venta del 51% del capital accionario, lo que implicaría ceder el control y la gestión de la compañía a un grupo privado. El porcentaje restante podría repartirse entre los trabajadores y una participación minoritaria que permanecería en manos del Estado. En paralelo, se estudia la posibilidad de que el Estado conserve una “acción de oro”, similar a la utilizada en la privatización de YPF, con facultades limitadas a decisiones estratégicas, según lo informado por el diario La Nación.

Aunque no se trata de un proyecto inmediato, la iniciativa ya forma parte de la agenda gubernamental. Dentro del Ejecutivo, la posible venta de Aerolíneas es considerada una de las discusiones que requieren aval directo del presidente Javier Milei, en el marco de debates que la administración define como centrales para su programa.

Jugadores del mercado

Uno de los puntos clave que se plantea en las negociaciones es la preservación de la marca Aerolíneas Argentinas durante un período prolongado. “No se sabe exactamente qué tiempo se exigirá mantener la marca. Algunos hablan de 30 años”, indicó otra fuente con conocimiento del proceso. Esta condición resulta determinante al momento de evaluar a los interesados.

En ese escenario, Avianca aparece como la compañía mejor posicionada para competir por la operación. Actualmente controlada por el Grupo Abra —que también participa en GOL, Sky Airline y Wamos Air—, la aerolínea tiene su centro de operaciones en Bogotá y experiencia en la gestión de marcas locales en distintos países, un aspecto valorado por los funcionarios argentinos.

LATAM, que en un primer momento analizó la posibilidad, genera reparos por su estrategia regional de unificación de marca y por el antecedente de su salida del mercado argentino antes de la pandemia. Otras empresas, como JetSmart, observan el proceso con menor protagonismo. También hubo contactos informales con el holding Air France-KLM, mientras que un conglomerado europeo que reúne a Iberia y British Airways no tendría previsto participar, entre otros motivos, por antecedentes históricos y la composición de su capital.

Además, fuentes cercanas al proyecto mencionan el interés de Leonardo Scatturice, empresario que recientemente adquirió Flybondi, así como la eventual aparición de otros grupos locales, aunque se descuenta que la definición recaería en un operador internacional de peso.

Más allá de los contactos iniciales, el avance de cualquier operación está condicionado por un factor central: el Congreso de la Nación. La estatización de Aerolíneas Argentinas se concretó en 2008 mediante las leyes 26.412 y 26.466, que autorizaron el rescate de la empresa y declararon de utilidad pública sus acciones. En particular, el artículo 9 de la ley 26.412 establece que “en ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”.

A ese marco se sumó una modificación aprobada en octubre de 2023, durante el último tramo del gobierno anterior, que elevó las exigencias para una privatización. La reforma a la ley 26.466 dispuso que cualquier transferencia de acciones debe contar con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso, una mayoría similar a la requerida para una reforma constitucional.

Seguridad jurídica

En 2024, el Ejecutivo intentó incluir a Aerolíneas en el listado de empresas privatizables de la Ley de Bases, pero la iniciativa fue retirada durante la negociación legislativa. Posteriormente, el Decreto 873/2024 declaró a la compañía “sujeta a privatización”, lo que reactivó el debate parlamentario y abrió un nuevo capítulo de discusión política.

Según coinciden fuentes oficiales y del sector privado, ningún eventual comprador avanzará sin una ley que otorgue respaldo jurídico pleno a la operación. Por ese motivo, las tratativas actuales se mantienen en una fase exploratoria. La definición sobre el futuro de la línea aérea de bandera, más allá del interés de empresas como Avianca, tendrá su instancia decisiva en el Congreso, donde se anticipa un debate de alta intensidad política.